Compromiso Social


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 Ante una economía global y un mercado libre que arrastra con su inercia a personas, empresas, gobiernos y medio ambiente ¿Qué se puede hacer?

No cabe la resignación de decir “es lo que hay”, sino encontrar nuevas ideas que cambien el sistema.

Un ensayo donde se explica la necesidad de tomar medidas ante la feroz lucha entre empresarios que se ven obligados a descuidar el medio ambiente, bajar salarios, aumentar turnos o irse a otros países para poder ser competitivos.

Una simple etiqueta, que transmita con fidelidad y transparencia la información del Compromiso Social que hay detrás de cada producto que decidimos consumir, puede ser la sencilla e ingeniosa herramienta que nos lleve a una nueva economía y a una nueva sociedad.

Te invito a formar parte del cambio.

Necesitamos tu colaboración.


Nos indignamos al ver noticias y denuncias en los medios de comunicación que muestran a empresas que explotan a sus trabajadores en países asiáticos, que les resulta más barato pagar multas por contaminar o infringir leyes que cumplir con la normativa, que eluden pagar los impuestos gracias a una poderosa ingeniería fiscal, que son capaces de destrozar a la competencia asumiendo perdidas temporales para garantizar un posterior monopolio, y que además, hasta consiguen sobornar a los representantes del pueblo para conseguir sus objetivos.

Ante esto, nos rasgamos las vestiduras y pedimos leyes que corrijan esas irregularidades sin darnos cuenta que la libertad del comercio internacional impide su ejecución.

La mecanización de los trabajos está dando al traste con el empleo humano. Empezó con la agricultura, aquellos campesinos que podían pagar maquinaria agrícola, invertían sus ahorros o pedían créditos para modernizarse, ser más productivos y reducir costes. Resultado: El desempleo en la agricultura ha ido aumentando progresivamente, y solo un pequeño porcentaje ha sido capaz de comprar suficiente maquinaria y tierra para ser competitivos.

Como consecuencia del abaratamiento de la producción, hoy en día el precio de los alimentos se ha derrumbado y es el menor de los gastos en la mayoría de países llamados desarrollados.

Muchos alegan que los campesinos ahora son operarios o ingenieros que diseñan las nuevas máquinas, pero no existen, ni remotamente, empresas de maquinaria agrícola que den trabajo a tantos millares de agricultores forzados a dejar sus ancestrales labores.

¿Qué ha pasado entonces con toda esa población?

Pese a las políticas europeas de subvenciones al sector productor de alimentos, nacidas tras la convención de Cork en la que se puso de manifiesto la necesidad de controlar la producción agrícola-ganadera para evitar excedentes, pero garantizando el auto abastecimiento de la población, la mayoría de esa misma población ha sido forzada a buscar empleo en otros sectores como industria y servicios.

Mientras, una minoría sigue intentando subsistir. Forman cooperativas o sociedades que adquieren las parcelas abandonadas e intentan competir a base de contratar mano de obra temporal barata y realizar grandes inversiones en maquinaria, sistemas de riego y producción intensiva, además de cambiar los cultivos por nuevas semillas transgénicas más resistentes.

Hemos mejorado entonces, se podría pensar. La humanidad se dignifica y deja el duro trabajo que supone labrar la tierra para ejercer labores menos castigadas físicamente.

Veamos que ha sucedido con ese ochenta por ciento de población que ahora vive en las ciudades.

En un principio, las nuevas fábricas nacidas tras la revolución industrial fueron las encargadas de dar empleo a esos agricultores sin apenas formación académica, pero capaces de aprender a producir un sinfín de nuevos bienes de consumo. Empresas del textil, calzado, maquinaria, automoción, envasado o logística, convirtieron en poco tiempo a los nuevos urbanitas en consumidores de los inovadores productos que ellos mismos elaboraban y que curiosamente hasta entonces ni tan siquiera creían necesitar.

Además, con el nacimiento de la publicidad se creó la ilusión de valorar a las personas en base a sus posesiones y capacidades económicas. Ya no se trataba de subsistir, si no de tener en propiedad lo mismo o más que el vecino. Nace la economía de consumo. Nadie quería volver a pasar las penurias del campo y era mejor asegurarse una subsistencia cómoda.

Pronto la condición egoísta humana creó nuevos empresarios que para competir con los existentes, explotaban excesivamente a sus trabajadores. Al final, éstos se tuvieron que organizar en sindicatos para reclamar su dignidad, pero para entonces, el dinero y la corrupción había llevado a los nuevos y viejos ricos a acaparar el poder político y la fuerza para reprimir las aspiraciones de la recién nacida clase obrera.

En ocasiones esos enfrentamientos de sindicatos contra patronos acabaron violentamente, y en el caso de España, desembocó en una trágica guerra civil. La democracia había ganado el poder legislativo y amenazaba el estatus de la clase “alta”, por lo general descendientes de poderosas familias o grandes fortunas  que nunca trabajaron la tierra ni pasaron hambruna. Eran una minoría, pero acaparaban la mayoría de la riqueza e influencias, además de controlar los medios de comunicación y organismos públicos, incluido el ejército. El resultado: Consiguieron convencer a un grupo de generales para que destituyeran por la fuerza el peligroso gobierno votado por los obreros. La democracia podía ser un riesgo para ellos.

Tras la guerra civil, el miedo y la represión acallaron las voces de los sindicatos. El exilio fue la única salida para muchos.

Por otra parte, tanta destrucción y muerte creó la necesidad de nueva mano de obra. Había que reconstruir casas, puentes, infraestructuras y fábricas en las que ocupar a la población. Más gente dejaba el campo y se empleaba de nuevo en las florecientes urbes.

Y en eso estamos. Parece que nuestra civilización alcanza la gloria, pero algo se nos escapa.

Con menos agricultores que antes, producimos más comida, muchísima comida, incluso más de la necesaria. Y nuestras fábricas producen bienes de consumo, muchísimos bienes que parecen enriquecer a todos.  La tecnología es una fuente de riqueza, y sin darnos cuenta ocurre que los contables son sustituidos por programas informáticos, los obreros por robots, los dependientes por cajeros automáticos, y pronto los transportes no necesitarán de taxistas ni camioneros.

La desertización del mundo rural pronto se replicará en el mundo obrero. ¿Dónde encontrarán entonces trabajo las personas?

Lo ideal sería un mundo en que las máquinas trabajen para los hombres, pero la realidad  parece reservarnos otro destino.

Las empresas sustituyen trabajadores por máquinas. Se calcula que a mediados de este siglo, en los países más desarrollados, el cincuenta por ciento del trabajo lo realizarán las máquinas. Pero hasta esas máquinas a menudo son creadas en su mayor parte por otras máquinas, pese a las afirmaciones contrarias de algún dirigente político. No existen suficientes puestos de informáticos, diseñadores, ingenieros o mantenimiento para tanta gente que pierde el empleo.

Solo en banca, según datos aportados por el Banco de España, desde el 2008  al 2015, se han cerrado 14.278 oficinas y se han despedido a 74.949 empleados. Los nuevos trámites a través de internet y la sustitución de empleados por cajeros automáticos desertizan de mano de obra el sector a la vez que aumenta su rentabilidad y beneficios.

En toda Europa hay exceso de mano de obra y eso lleva en muchas ocasiones a bajar injustificadamente salarios y condiciones laborales ante tan arrolladora demanda de empleo. “Si no aceptas estas condiciones, en la fila detrás de ti hay muchos que lo harán” o “Es lo que hay” son expresiones cada vez más comunes en todas las entrevistas de trabajo.

¿Puede el estado mantener subvencionada a toda esa población que aumenta año tras año a la par que se eliminan puestos de ocupación?

El dilema es grave, ya que fiscalizar el trabajo desempeñado por las máquinas para que los empresarios paguen de por vida a una población ociosa no parece viable. Las empresas tienden a estar deslocalizadas, son absorbidas por otras más grandes que tributan donde más les conviene, escapando al control de gobiernos y poseyendo cada vez más control sobre la economía global y local. Por otra parte, esas mismas empresas pagan, pactan o adquieren a otras relacionadas no tan solo con su sector, sino también con servicios básicos y medios de comunicación convirtiéndose en estructuras capaces de controlar, convencer y dirigir a la población y a los gobiernos hacia sus objetivos.

¿Qué se puede hacer entonces? ¿Estamos abocados al imperio de las grandes empresas?

Esperemos que no. Antes de darnos por vencidos y exclamar ¡es lo que hay!, pensemos un poco.

La creación y crecimiento de esas empresas es algo que hoy por hoy se escapa al control de cualquier gobierno, pero no olvidemos que las empresas dependen de nuestro trabajo, servicio, y lo más importante: CONSUMO.

Somos consumidores, y en la elección de lo que consumimos radica nuestra fuerza. Si mañana mismo, por poner un ejemplo, el cincuenta por ciento de la población se hiciera vegetariana, cerrarían la mitad de granjas y carnicerías a la par que aumentaría la producción de cereales, verduras y frutas. Las empresas se verían obligadas a una reconversión, aunque eso sí, solo en caso de que las campañas publicitarias para estimular el consumo de animales fracasase.

Nuestra decisión personal a la hora de consumir nos da un poder inimaginable para cambiar los comportamientos de esas todopoderosas empresas.

Podemos decidir comprar una marca determinada u otra, hacerlo en un comercio o en otro, a una hora determinada u otra, en persona o por internet… Decidamos lo que decidamos, las empresas y comercios se amoldarán a nuestras preferencias para ofrecernos los productos que queramos, cuando queramos y dónde queramos.

Si sabemos eso, ¿cómo podemos aplicar nuestro poder de consumidores?

A través de elegir únicamente productos con alto compromiso social.

 

 


¿Qué es el compromiso social?

 

Cuando hablamos del compromiso social o en adelante CS, estamos hablando de una realidad derivada de nuestras acciones que puede o no colaborar a la felicidad de la mayoría de la sociedad y no solo a una minoría.

Quiere eso decir que cuando una acción beneficia a la mayoría de la sociedad, su autor está comprometido no solo con su bienestar, sino con el bienestar del resto de ciudadanos.

Cada vez que consumimos algún producto estamos colaborando en mayor o menor medida al bienestar de los demás, por lo que cada consumidor, cada uno de nosotros, somos los auténticos responsables de aumentar o disminuir el bienestar social, aun sin ser conscientes de ello.

Cuando compramos cualquier cosa, por ejemplo un tubo de pasta de dientes, ayudamos con nuestro dinero al fabricante, distribuidor y vendedor del producto. Somos nosotros quienes decidimos que dentífrico comprar y dónde comprarlo. Condicionados por el precio y la publicidad, claro está.

Nuestra elección puede resultar más o menos beneficiosa para la sociedad, de manera que si optamos por comprar una pasta de dientes que ha contaminado el medio ambiente en su elaboración, consumido mucha energía en comparación con otras, que ha sido elaborada por trabajadores que perciben el salario mínimo y cuyo empresario gana 100 veces más que ellos y además tributa en otro país para pagar menos impuestos; no será en absoluto lo mismo que si optamos por otra pasta que ha sido respetuosa con el medio ambiente, que tiene trabajadores que cobran el doble del salario mínimo, con un empresario que percibe solo cuatro veces más que sus empleados y paga correctamente sus impuestos.

Cada uno de nosotros tenemos el poder de elegir el producto que queramos, pero cada uno de ellos tiene un porcentaje diferente de CS.

 

¿Cómo se calcula el compromiso social?

 A la hora de calcular el porcentaje de CS  se debe hacer singularmente, ya que detrás de cada servicio, producto o establecimiento, habrá diferentes componentes y aspectos que afecten al bienestar social, siendo la suma de cada uno de esos aspectos lo que nos dará el porcentaje total.

Para casi todos los productos en general se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

 

  • Huella energética (cantidad de energía consumida en la elaboración de todos y cada uno de sus componentes así como la empleada en su transporte y distribución)

Cuanta más energía se haya consumido en la elaboración y distribución de un producto, disminuirá el porcentaje de compromiso social.

Para calcular ese porcentaje se toma como referencia la huella energética más baja encontrada para cada producto similar en particular.

Pongamos que una pasta de dientes “A” es capaz de producirse y llegar al estante de venta consumiendo 10.000 julios, mientras que el resto consumen más energía. Diremos entonces que la energía mínima para ese producto es de 10K J y que cualquier pasta de dientes que consuma más, debe ser penalizada, de forma que si otra pasta de dientes “B” ha consumido 20K julios podremos calcular:

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Diremos entonces que “A” tiene un 100% de CS derivado de su huella energética mientras que “B” tiene un 50%

  • Salario de los trabajadores. (st) En cada tramo y porcentaje

Cada producto emplea a trabajadores para su elaboración. El sueldo mínimo que perciben los trabajadores viene definido por el Gobierno de cada Nación, por lo que si los trabajadores empleados en la fabricación de la pasta de dientes “B” perciben el salario mínimo interprofesional (smi), diremos que el CS es del 100% mientras que si la pasta de dientes “A” paga el doble (200%) del salario mínimo a sus empleados obtendremos:

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De esta forma “A” obtiene un 200% del CS derivado del salario de los trabajadores.

Finalmente será necesario establecer la media entre los diferentes tramos de sueldos entre trabajadores y la cantidad de empleados en cada tramo o especialidad.

Por ejemplo: Pongamos la empresa de la pasta de dientes “B” tiene veinticinco empleados de planta que cobran el salario mínimo de su tramo, pero sus cinco encargados cobran el doble del salario mínimo de su tramo y tres directivos ganan cinco veces lo que les corresponde. El total lo calcularíamos sumando los productos entre los porcentajes de cada tramo y el número de trabajadores afectado y dividiéndolo por el total de empleados. Algo así:

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  • Salario del empresario.

Todo empresario debe recuperar su inversión y tener capacidad para obtener beneficios, innovar y hacer frente a los altibajos del mercado, pero en la medida que sus ganancias se alejen del resto de sus empleados afectará al CS.

Tomemos que el empresario de la pasta de dientes “A”, tras deducir los gastos de amortización de inversión etc. resulta que gana lo mismo (en su tramo) que el promedio de sus trabajadores mientras  que el de “B” percibe veinte veces el promedio sus empleados.

Entonces se puede aplicar la siguiente ecuación:

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En el caso de “A” su porcentaje de CS sería del 100% mientras que el de “B”  sería el 5%

 

  • Contaminación del medio ambiente. (MA)

En este aspecto, para obtener el 100% del CS derivado del medio ambiente, es imprescindible que NO exista ningún tipo de contaminación medio ambiental, de manera que existirán productos que nunca podrán obtener el 100%. A pesar de ello, se puede establecer su porcentaje relacionando cada producto con el similar que menos contaminación genere.

Así en el caso de la pasta de dientes, si “A” genera la mínima contaminación posible y obtiene un 60% tomaremos ese 60 como referencia para decir que “A” tiene 60 unidades de contaminación (uc) de manera que si la pasta de dientes “B” genera el doble de contaminación, entonces calcularemos:

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  • Pago de impuestos.

El tributar correctamente al fisco del país por los beneficios obtenidos por la empresa supone que el estado dispondrá del dinero necesario para facilitar servicios a los ciudadanos, lo que representa un aumento del bienestar social.

Para calcular el CS derivado del pago de impuestos, se tomará como del 100% cuando empresa y trabajadores tributen correctamente a lo establecido por el sistema fiscal.

De manera que si la empresa fabricante de pasta de dientes “A” está al corriente pagando pongamos un 20% de los beneficios, mientras que la de pasta de dientes “B” tributa en otro país donde solo paga un 5%, podremos calcular que el CS de “A” es del 100% mientras que el de “B” al tributar cuatro veces menos es del 25%

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  • Distancia recorrida por el producto desde origen a consumidor.

Otra forma de premiar el compromiso social es a través del kilómetro cero. Parte de esa recompensa viene de la mano de la huella energética, pero es bueno sumar un plus para estimular el consumo de cercanía.

Para determinar el porcentaje de CS por Km0 habrá que establecer la distancia mínima a la que se puede obtener cada producto. Es decir, las patatas pueden venir del huerto de nuestro vecino, de Francia o de Egipto, por lo que la distancia del productor más cercano obtendrá el 100% de CS derivado del kilómetro 0, y el porcentaje decrecerá en función del más alejado, que sería un 0%.

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De esta forma, las patatas del productor local más próximo, pongamos a 100 km. obtendrían el 100%, las de Francia a 500 Km un 20% y las de Egipto a 5000 kilómetros sería del de 2%

 

  • Trato animal.

No somos la única especie con derechos del planeta, y por ello nuestra conciencia debe, poco a poco, conceder a los animales el lugar que por naturaleza les corresponde. Debemos comprender que su bienestar repercute en el bienestar social.

Aunque nuestros orígenes omnívoros justifiquen una herencia depredadora y carnívora, nuestra sociedad debe seguir evolucionando y llegar a entender que convivir con otras especies es más gratificante que esclavizarlas y devorarlas.

Nos horrorizaríamos si alguien matara a nuestra mascota para comérsela, ya que las mascotas han sido condicionadas en el tiempo a perder voluntariamente su libertad en pos de ayudar y acompañar a los seres humanos, sin embargo hay sociedades que se comen a los gatos, a los perros, a los periquitos…

Pero aun independientemente de las culturas, nuestros sentimientos personales nos dicen, que a falta de una necesidad imperiosa por sobrevivir, sacrificar un animal es peor que verlo en libertad.

Pero debemos aceptar nuestra herencia y deseo por la carne. A pesar de ello, nadie negará su preferencia a comerse un cerdo que ha vivido en el campo en libertad que otro que desde su nacimiento ha sido enjaulado y engordado hasta su sacrificio.

¿Cómo calcular entonces el compromiso social que existe tras el consumo de animales y sus derivados?

En este particular, el cálculo del CS implica una suma de factores como son: metros cuadrados a disposición del animal, calidad de la alimentación, tiempo de vida, condiciones de explotación, o sufrimiento en su crianza y sacrificio.

Sin abordar las funciones del cálculo del CS derivado del trato animal, sí podemos afirmar que un animal en libertad completa, sin peligro de extinción y que en un momento dado es matado “sin sufrimiento” obtendría un 100% del CS, mientras que un animal en cautividad desde su nacimiento que vive hacinado, con alimentación artificial y sacrificado sin piedad obtendría porcentajes mucho más bajos.

Teniendo en cuenta que, por lo general, un producto de venta al público puede formar parte de varios productos de diferentes empresas, es necesario sumar proporcionalmente el CS de todos y cada uno de los componentes de un producto.

Cuando compramos la pasta dentífrica en el supermercado, ésta va dentro de un envase que ha podido ser suministrado al fabricante por otra empresa de plásticos, al igual que ocurre con la caja de cartón individual donde se presenta el producto o el empaquetado del palé en que se transporta.

Por lo general un empresario no fabrica la totalidad de un producto, por eso suele comprar a otras empresas el resto de materias primas  o componentes, de manera que aunque en el ejemplo que nos ocupa la empresa sea muy cuidadosa en la elaboración de la pasta dental y obtenga un 100% de CS, puede que las cajas de cartón suministradas estén impresas con tinta perjudicial para la salud, con cartón no reciclado, sus trabajadores no reciban el mismo trato, etc.

El caso es que la empresa de embalajes también ha tenido que registrar el nivel de CS de esos envases, por lo que afecta en parte al conjunto total de la caja dentífrica que podemos comprar en el supermercado.

De esta forma se estimula que las propias empresas vigilen el CS de sus suministradores y servicios contratados, ya que afectarán de manera proporcional al total de su producto.

Lo mismo ocurre con las subcontratas o con las subcontratas de las subcontratas. Pongamos el ejemplo de una empresa de reparto que paga justamente a sus trabajadores, está al corriente de sus pagos fiscales, los vehículos que utiliza para el reparto son de elevado CS, las cajas que utiliza son recicladas y cuidadosas con el medio ambiente, los precios son adecuados… y como resultado tiene un 80% de CS , por lo que las empresas que usen sus servicios también se benefician de ese alto compromiso con la sociedad.

¿Y si esa empresa decide contratar a otra para que realice el reparto en otra zona? Puede que la otra empresa subcontratada no cuide en absoluto de sus trabajadores, les haga trabajar más horas de lo estipulado y con sueldos mucho más bajos, o que eche mano de autónomos sin control.

En esos casos, aunque la empresa de reparto tenga el 80% de CS, deberá hacer media proporcional con sus subcontratas, de forma que si por ejemplo una subcontrata tiene solo un 20% de CS y realiza una cuarta parte de los repartos, la media proporcionada final afectará al CS total de la “empresa titular” rebajando su calificación al 65%.

El hecho de poder cuantificar el CS derivado de cada servicio o producto concreto por separado aunque forme parte como componente de otro, ayuda a obtener el compromiso social de productos más complejos, de manera que el CS de la carne de una hamburguesa, más el CS del kétchup,  más la caja de cartón en que es presentada, más el origen y CS de las verduras que contiene, más las patatas y el aceite con que se han freído, incluyendo el envoltorio y el refresco, sumará el compromiso social del “mac menú” de oferta. Otra cosa será valorar el CS del establecimiento como tal, en donde se aplicarán los varemos que le correspondan por sueldo de trabajadores, horarios laborales, fiscalidad de los beneficios obtenidos por la empresa etc.

 

Otro objetivo de control que se puede sumar al compromiso social es el

  • tipo de publicidad asociada al producto.

Las regulaciones estándares en los controles de publicidad solo permiten actuar contra un publicista o empresa cuando el mensaje transmitido es flagrántemente falso, perjudicial para la salud u obsceno para el público al que va dirigido. Pero ¿qué ocurre cuando mediante la expresión: bajo en calorías, clínicamente probado, mejora tu vida etc, es engañoso?

Se puede extraer 0,5 gramos de grasa a mil kilogramos de yogurt y decir que es más bajo en grasa sin mentir o pagar a una clínica para que realice un estudio parcial a nuestra conveniencia de un producto o medicamento y decir que al remitir las dolencias a cinco de  cada cien pacientes, sin tener en cuenta que por efecto placebo también se podrían obtener cifras similares,  el producto o medicamento en cuestión mejora la salud o alivia los síntomas de una enfermedad.

Si dejamos la evaluación de la publicidad en manos de expertos, psicólogos, nutricionistas, representantes de marcas de la competencia, agentes sociales… sin llegar a ser  una censura, pueden aplicar una sanción correctora por publicidad engañosa o subliminal al porcentaje total obtenido de un servicio o producto.

Al cambiar este tipo de reducción el nivel de CS total, será el mismo empresario quien evaluará y decidirá si continua con su campaña publicitaria, la corrige o la suspende.

Pueden tener cabida muchos otros apartados a evaluar como el uso de robots, materiales empleados, controles de calidad… La cuestión es que afecte al compromiso social, sea evaluable y cuantificable

El objetivo del etiquetado social no es tan solo informar al ciudadano de la cantidad de compromiso social que hay detrás de cada servicio o producto que va a consumir, sin que tenga que leerse la letra pequeña o conocer la historia de la empresa, sino estimular la competencia del mercado y que sean los propios empresarios quienes estén interesados en mejorar su compromiso con la sociedad.

Muchas empresas ya trabajan en ello mediante sus propios controles de calidad,  desarrollos de sistemas que permiten un etiquetado de alta eficiencia energética, valoración por los propios usuarios de sus servicios…

Existen muchos y variados métodos informativos en los productos que compramos. Tenemos productos kilómetro 0, ecológicos, reciclables, comercio justo, calidad europea, etc. pero tanta etiqueta y letra pequeña al final nos complica la elección, y no siempre acertamos al pagar mucho más por un producto presuntamente ecológico que puede que no lo sea, ya que es difícilmente comprobable. Por ello, sería un gran paso hacia adelante, en lo que respecta a la información del compromiso social, el crear un sistema de etiquetado, sencillo, claro y comprobable.

Es necesario que sea un símbolo, y no información escrita, a menudo de difícil lectura. Pueden ser estrellas como en las valoraciones de las apps, una etiqueta de código QR que  con el Smartphone nos dirija a la web u otro sistema de información, pero posiblemente la mejor elección sea un emoticono, que dependiendo del color, muestra un estado de ánimo derivado del servicio o producto en concreto versus al compromiso social.

Se trata de elegir un símbolo universal, de fácil comprensión, para que hasta para un niño o persona analfabeta sepa identificar si representa algo bueno o malo para el resto de la sociedad.

Los colores usados también ayudan a indicar la peligrosidad o beneficio que existe tras la etiqueta, transmitiendo de una manera didáctica una información que nos hace conscientes de nuestra elección.

La escala sugerida es dividir el 100% de compromiso social alcanzable en cinco categorías separadas un 20% la una de la siguiente y adjudicando colores de peligro como el rojo para el CS más bajo, que además mostraría una cara de enfado, el naranja para el tramo de 20 al 40% con expresión triste,  el amarillo que sería un porcentaje medio y rostro neutro, el verde claro que se muestra alegre por estar entre un 60 a un 80%, y finalmente un verde más intenso y de aspecto contento que indicativo de haber alcanzado el máximo compromiso con la sociedad. Algo así:

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Menor al 20%           del  20 al 40%             del 40 al 60%           del 60 al 80%            más del 80%

 

 


¿Quién decide los porcentajes del compromiso social?

Para elaborar los porcentajes a aplicar a cada producto, establecimiento y servicio es preciso llegar al más amplio consenso con los implicados en la generación de las materias primas, su elaboración, su distribución y como no, también su consumo.

Es importante que los porcentajes de los intervinientes en la valoración sean proporcionales a los diferentes grupos, asociaciones o gremios de implicados en ella.

Por ejemplo: Si queremos determinar el CS que hay detrás de la fabricación de un envase de cartón para la pasta de dientes, se reunirán representantes del sector de packaging junto con agentes sociales neutrales y determinarán mínimos y máximos de cada punto que pueda afectar a la suma de factores, como puede ser si se usa papel reciclado, pintura ecológica, maquinaria adecuada, trato de los empleados etc.

Al final se llegará a repartir el máximo porcentaje posible entre los aspectos más relevantes que se acuerden.

Lo mismo ocurre a la hora por ejemplo de decidir los porcentajes que afectan a un servicio como puede ser una peluquería.

Escuchar al pequeño emprendedor es tan importante como hacerlo con quien tiene una cadena de ellas. El resultado será establecer qué aspectos y en qué proporción pueden ofrecer llegar a un cien por cien.

Una vez establecidos todos y cada uno de los apartados que aporte puntos al porcentaje de CS (Siempre revisables), cualquier peluquero podrá acceder a través de internet a la web de control del CS, darse de alta y seleccionar los apartados que cumpla para así poder poner en su establecimiento el emoticono que le corresponda.

 

¿Cómo puedo saber que la etiqueta es correcta?

 El sistema de control del etiquetado de compromiso social debe ser público y de fácil acceso, de manera que no exista la posibilidad de soborno a los técnicos evaluadores para acceder a una calificación que no corresponda a la vez que facilite el libre registro y consulta.

Para ello se hace necesario implementar un servidor informático de acceso público que recogerá los principales productos de consumo y servicios. Una vez implementados estos principales, se hará más sencillo agregar de nuevos.

Así un empresario puede acceder a un servidor web, identificarse con su NIF o número de registro de empresa y dar de alta o modificar un nuevo producto o servicio de manera fácil e intuitiva.

Ejemplo:

Pongamos que un empresario quiere registrar una nueva pasta dentífrica que quiere sacar al mercado.

Tras identificarse y elegir la opción de dar de alta un nuevo producto bajo el nombre tal y registrado con el número tal, y los controles de sanidad tal y tal… (Lo mismo que se debe hacer normalmente para lanzar al mercado ese producto) realizará en la web la búsqueda del producto.

En caso de no existir el producto en la base de datos, deberá solicitar ser incluido.

En el caso de este ejemplo el producto estaría bajo el nombre de “pasta dentífrica” y al seleccionarlo aparecerán una serie de casillas que podrá seleccionar si las cumple.

Estas casillas otorgarán al producto unos porcentajes de CS en base a lo acordado por la comisión formada por fabricantes de dentífricos, empleados del sector y agentes sociales y que sumando darán el CS que existe detrás del nuevo producto.

Podría resultar algo así:

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Una fórmula matemática, también pública y accesible, establecerá la relación entre casillas para obtener el porcentaje de CS en base a la energía consumida para su comercialización, otros productos implicados, salarios…

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Al final, el productor obtendrá el resultado del tipo de etiqueta de CS que por el porcentaje obtenido le corresponde.

Esta fórmula de registro favorece la transparencia y ofrece la posibilidad al empresario de consultar y estudiar qué factores tiene la competencia y cuales puede mejorar para obtener una mejor calificación, de manera que se incentiva mediante la competitividad el corregir progresivamente los factores negativos para la sociedad.

Además de por web, y al igual que ocurre cuando realizamos la declaración de la renta, un empresario o persona delegada podrá ir directamente a una oficina reguladora del CS y solicitar que un funcionario registre su producto o servicio, aportando en ese caso toda la documentación acreditativa que avale sus aspiraciones de demostrar su CS.

 

¿Quién regula que se cumpla?

 Es necesaria la creación de grupos de inspectores sociales expertos en cada tipo de producto y servicio. Preferiblemente de los que hayan formado parte anteriormete en las comisiones de calificación de los porcentajes de CS.

Una posibilidad es la creación de dos grandes divisiones: productos y servicios.

Dentro de la división de productos se pueden organizar grupos por sectores: alimentación, electrodomésticos, maquinaria, materiales de construcción etc. Y dentro de cada grupo haber inspectores especializados en un sector concreto. Por ejemplo, dentro de alimentación habría inspectores especializados en cárnicas, lácteos y derivados, conservas etc.

En el caso de servicios también se organizarán por sectores como: banca, transportes, sanidad, educación, supermercados y tiendas de comestibles… servicios varios. Igualmente deberán haber inspectores de cada sector. En el caso transportes, por ejemplo, los habrá especializados en compañías aéreas, transporte urbano, empresas de transportes… y por ejemplo ésta última a su vez con especialistas en transporte animal, reparto de paquetería, mercancías peligrosas, etc.

A pesar del aparente gran volumen de personal necesario para tantos tipos de inspección, hay que tener en cuenta que ya existen en la actualidad un gran volumen de profesionales y funcionarios realizando labores de control en muchos sectores específicos, por lo que más bien se trataría de reutilizar a ese personal agregando a sus funciones una labor de inspección social,  aunque naturalmente puede que sea igualmente necesario crear nuevos inspectores a jornada completa.

Estos equipos de inspectores revisarán periódicamente la veracidad y cumplimiento de los productos y servicios registrados, dando prioridad a los de mayor consumo y que obtengan una más elevada calificación de CS.

 

¿Cómo se financian los gastos derivados de implantar el control del CS?

Independientemente de los gastos que genere la implantación de un servidor web, comisiones de evaluación, inspectores, etc, hay que valorar lo que significa para la sociedad la implantación de este tipo de control.

Conseguir que el consumidor pueda discriminar entre diferentes servicios y productos en función del compromiso social que hay detrás de cada empresa, no tan solo tiene el valor de aumentar una sana competencia que favorecerá sin duda a la sociedad, sino que los cambios que estas empresas realicen para mejorar su calificación, repercutirán directamente en mejores salarios, menor contaminación, mejor trato a los animales y un sinfín de mejoras sociales que amortizan con creces el capital invertido.

El mantenimiento del control del CS además estará financiado por la recaudación derivada de las sanciones por la falta de compromiso social, porque, aunque lo deseable es que los registros de los empresarios sean sinceros, no existan denuncias y no se necesiten apenas el trabajo de los inspectores, la realidad de la condición humana tiende a engañar al prójimo a cambio de un beneficio propio, de manera que si no existen fraudes, no se necesitan inspectores y si hay fraude, serán los defraudadores quienes aporten los gastos de inspección.

 

¿Pero quién vigila a los vigilantes?

El hecho que el sistema de adjudicación de porcentaje de CS se realice a través de una web de fácil acceso y de forma transparente facilita que sean los mismos consumidores o la propia competencia quienes realmente autorregulen la veracidad de los datos aportados.

Pongamos el ejemplo que un peluquero tiene un emoticono verde en su establecimiento pero un cliente sospecha que es extraño que con cuatro empleados en prácticas, poco cualificados, y con su jefe siempre en el bar obtenga esa calificación.

Al llegar el cliente a su casa, puede acceder a la web de control de CS, poner en el buscador peluquería y la ubicación del establecimiento, seleccionar el comercio y ver las casillas que el propietario ha marcado cómo que cumple y el porcentaje obtenido por cada casilla.

Si considera que por ejemplo no es cierto la casilla donde indica que cobra lo mismo que sus empleados y que estos están titulados, al final podrá encontrar un botón de impugnar y elevar una denuncia que se podrá realizar de forma anónima o registrando la identidad del denunciante.

Si se hace de forma anónima, constará el comentario sobre ese comercio, que por su volumen o revisión periódica de un inspector de CS podrá evaluar y actuar en consecuencia.

En caso de que se realice una denuncia con el registro de la identidad del denunciante, el sistema informático elevará la denuncia al grupo de inspectores de CS correspondientes por gremio y zona, y estos podrán realizar la inspección o solicitar al empresario la documentación necesaria que abale la veracidad de su registro.

Podría obligarse a que el empresario entregue toda la documentación acreditativa de cada aspecto relacionado con el compromiso social antes de obtener la calificación, pero la burocracia que llevaría ese proceso sería más lenta y muy superior a la derivada de realizar inspecciones aleatorias o por denuncia a posteriori.

Finalmente los resultados de la inspección tras una denuncia serán comunicados al denunciante, quien podrá, en caso de desacuerdo, solicitar una nueva revisión o copia de la documentación aportada por el denunciado.

Estas nuevas revisiones levantarían una alarma para que un inspector diferente compruebe que no ha existido error ni corrupción en la primera revisión, quedando así materializada la supervisión de los propios inspectores.

 

¿Quién puede denunciar una irregularidad en el etiquetado?

 Como se ha explicado en el punto anterior, cualquier usuario o agente público podrá realizar por sí mismo las consultas en la web y elevar una denuncia en caso de detectar cualquier irregularidad entre la realidad y lo manifestado por el empresario.

No obstante, cabe la posibilidad de que se puedan realizar denuncias en falso con el ánimo de perjudicar a un empresario en concreto, por lo que en esos casos, si se demostrase dolo o intención de perjuicio al denunciado, el denunciante podría ser sancionado.

 

¿Qué ocurre si un empresario falsea los datos de su producto o servicio?

Si tras una inspección rutinaria o promovida por una denuncia voluntaria, se confirmase que los datos del producto o servicio registrado no son los reales, se debe proceder a la apertura de un expediente de sanción.

Las sanciones que pueden alcanzarse pueden ser de varios tipos.

  1. Amonestación verbal (en caso de tratarse de un error involuntario)
  2. Pago de una multa.
  3. Disminución temporal del índice de CS en el etiquetado del servicio o producto.
  4. Suspensión de permiso de comercialización del servicio o producto.

La forma de sanción que se ajusta mejor al hecho de defraudar a la sociedad es mediante un importe porcentual a los ingresos netos mensuales.

Aplicar un importe fijo o multa regular puede degenerar en que para un gran empresario le resulte más barato pagar multas que cumplir las normas, mientras que para un pobre trabajador puede significar la ruina empresarial.

De esta forma, una sanción por ejemplo por falsear el porcentaje de CS en un 15% durante seis meses, puede suponer 1800 euros para un tendero, ya que el 15% de su salario, en este caso 2.000 euros mensuales, multiplicado por el periodo en el que se ha beneficiado de su engaño, seis meses, nos da esa cifra. Sin embargo en el caso de una cadena de supermercados que factura 1.000.000 de euros al mes en beneficios, aplicando el mismo porcentaje defraudado y durante igual periodo de tiempo, la infracción supondría una sanción de 900.000 euros.

Si la sanción económica no fuera suficiente para enmendar la corrección del etiquetado, o incluso como complemento a la multa, cabe otra posibilidad y es la de penalizar con la reducción de un porcentaje del CS.

La reducción debería establecerse de manera que, si antes de la denuncia, un servicio o producto alcanzaba un 85% de CS, cuando en realidad tras la inspección se determina que le correspondía un 65%, ese 20% de falseo podría aplicarse como reducción sancionadora temporal.

De esta forma, si el empresario se ha beneficiado durante tres años de un 85% de calificación de CS (emoticono verde oscuro de alto compromiso social), a partir de la sanción y durante el mismo periodo de tiempo, tres años, su índice de CS sería de un 45% (emoticono amarillo) en lugar del 65% que le correspondería.

Este tipo de sanción es proporcional y acorde a la gravedad con la que se haya falseado el registro, y puede ser indicado para sancionar a servicios o empresas en los que una multa económica no sea aconsejable o suficiente.

Finalmente queda el último tipo de sanción, que es obligar a la retirada del mercado del producto en concreto o cierre del servicio. Este procedimiento ya se viene realizando en ocasiones en que por motivos de riesgos para la salud o fallos administrativos lo requieren, por lo que sería un proceso extremo en el caso que se determine que un producto muestre un compromiso social negativo.

 

¿Cómo puede ser un servicio o producto negativo o perjudicial para la sociedad?

Imaginemos que nuestra pasta dentífrica de ejemplo ha obtenido una etiqueta con emoticono verde que representa un 68% de CS. Sin embargo, tras una inspección se demuestra que durante dos años se ha comercializado un producto al que en realidad le correspondía un 14% de CS, dado que en vez de en A Coruña, estaba en realidad fabricado en un país del sudeste asiático y sus componentes en vez de ser 100% naturales contienen múltiples aditivos, además de recibir los trabajadores un sueldo inferior al mínimo establecido en su país y ganar el empresario comercializador 10.000 veces más que sus trabajadores.

En ese caso, si restamos al 24% real el 54% de CS falseado,  obtenemos un compromiso social negativo, lo que independientemente de la importante sanción económica correspondiente por el porcentaje desviado (en este particular sería del 54% sobre los beneficios obtenidos por el producto durante esos 24 meses) se le sumaría la retirada del producto durante el mismo periodo de tiempo, creándose obviamente un fichero de empresarios falseadores al CS para supervisar con mayor control los nuevos productos o servicios que en el futuro intenten registrar.

 

¿Qué pasa si no se quiere etiquetar un servicio o producto?

Es deseable que el registro mediante web o personándose en las oficinas habilitadas para ello, se haga de forma voluntaria. Se establecerá un periodo de inscripción durante el cual no se procederá a sancionar la falta de etiquetado. Lo deseable es que sea una ley de cumplimiento voluntario y promovido por captar a consumidores. No obstante, pasado un periodo de dos años y dependiendo de la respuesta social y la estimulación de las empresas, podrán adoptarse medidas de obligatoriedad en servicios y productos concretos que se ampliarán progresivamente hasta obtener la totalidad del etiquetado.

Una vez transcurrido el periodo voluntario y si, tras un apercibimiento por la administración, un empresario se mostrara contrario a demostrar su compromiso social, se le obligará a ostentar un emoticono rojo en su servicio o producto indicativo del muy bajo índice de CS que presuntamente posee.

De esta forma, se establece que si no se registra en el tiempo voluntario, es presuntamente por carecer de documentación que avale el CS, por lo que se le otorgara el etiquetado de más bajo nivel.

 

¿Qué papel juegan en todo esto los sindicatos?

El movimiento sindicalista nació como herramienta de defensa de los trabajadores que se sentían explotados laboralmente a la vez que sus patronos se enriquecían y beneficiaban desproporcionadamente. Defendían mejoras salariales y de condiciones laborales, usando la huelga y las manifestaciones como método de presión a las empresas.

Pero en un mercado globalizado como el actual, estas estructuras sociales han perdido su fuerza, y al igual que los gobiernos de las naciones, se ven sometidos a la resignación. Si un empresario se siente presionado por un sindicato o incluso por un cambio en la legislación, simplemente responde con la amenaza de trasladarse a otro país o directamente declararse en quiebra, hacer suspensión de pagos e iniciar la empresa con otro nombre.

Sin embargo, toda esa infraestructura sindicalista creada para proteger los derechos de los trabajadores, juega un nuevo e importante papel a la hora de sentarse a la mesa con los empresarios y decidir qué tipo de porcentajes se deben aplicar para que su servicio o producto sea considerado de alto compromiso social.

De esta forma, aunque el empresario se vaya a otro país o cree una marca nueva, al final, si quiere venderla con una etiqueta verde, deberá cumplir igualmente con los requisitos que acordaron conjuntamente sindicatos, empresarios del sector y mediadores sociales.

 

¿Cuánto tiempo tardaría en aplicarse un etiquetado que informe del CS a los ciudadanos?

Respecto a esto, hay que ser realista. El primer paso es que exista una voluntad política, al menos a nivel de ciudad importante, autonomía o estado, capaz de sufragar el dispendio que supone la creación del sistema informático, determinar los apartados de porcentajes aplicables a cada servicio y producto, su posterior evaluación… y finalmente, realizar campañas de concienciación para que el ciudadano comprenda la diferencia entre gastar un euro en una pasta de dientes cuyo empresario explota a sus trabajadores, contamina el medio ambiente y su composición deja mucho que desear,  o pagar dos por otra que hace lo contrario.

Por eso hay que ser conscientes que aunque la medida sea de claro beneficio para la sociedad, lobbies y grandes empresas presionarán a los medios de comunicación, asociaciones de empresarios y a las instituciones para evitar reconvertir un sector pensado para el beneficio en vez de para el bien común.

Cabe esperar, que en un futuro próximo existan órganos representativos de la mayoría social que sean capaces de hacer frente a las presiones y amenazas del “mercado” y realizar políticas que defiendan y regulen el bienestar común, que siempre debe estar por encima de intereses puramente económicos y de control.

Estamos en un mundo globalizado y los tratados de libre comercio dificultan la competencia de las industrias locales básicas que poco a poco están siendo desplazadas al no poder competir en precios con productos manufacturados en otros países.  Eso no significa que la elaboración en esos países sea de inferior calidad, pero las empresas productoras y de servicios, a menudo extranjeras, gozan de una legislación y beneficios favorables que les permite pagar salarios más bajos, turnos de producción largos, con poco control o ninguno sobre salubridad y seguridad en el trabajo, contaminación del medio ambiente, pagos de tasas, derechos laborales… aspectos estos que, al verse obligados a cumplir en su país, provoca el encarecimiento del producto final y lo hace poco competitivo.

Todos conocemos ejemplos de empresas que han deslocalizado su servicio o producción a otros países en alas de la competitividad, así reducen gastos y contentan a sus accionistas con más beneficios.

Los mejores empresarios, economistas, abogados, sociólogos, ingenieros, publicistas… formados en nuestras universidades  con dinero público, son contratados para estudiar cómo reducir costes, atraer consumidores, realizar ingenierías fiscales y crear sistemas de producción que den más beneficios. Contra esto nada se puede hacer, ya que es lícito, y si no lo hacen ellos, lo hará la competencia.

¿Por qué pagar 900€ a un operador por atender al teléfono las incidencias de un servicio o producto, cuando se le puede pagar la mitad en otro país, con turnos más largos y menos derechos laborales?

¿Por qué pagar un 20% de impuestos al fisco local si puedo hacerlo legalmente en otro país que me cobra el 1%?

¿Por qué pagar 900€ al mes a una cajera de un supermercado pudiendo colocar en su lugar un sistema de pago automático amortizable en poco tiempo?

¿Por qué pagar 900€ al mes a nadie, si se puede hacer legal pagarle 655?

Pues porque no se pierden clientes.  Esa es la respuesta.

Y si se pierden, se busca la forma de recuperarlos, obtener más beneficios o reducir costos.

Esta es la situación del mercado actual, nos guste o no nos guste. Y hasta los gobiernos se ven sometidos a realizar políticas que van en contra de sus votantes, e incluso de su ideología, a cambio de garantizar los ingresos que permitan hacer frente a los gastos sociales.

Podemos caer en depresión e impotencia y repetir de nuevo la socorrida frase de “es lo que hay”, pronunciada incluso por algún político. Pero la solución ante esta realidad está en nuestras manos.

Olvidamos que el hecho de que tanto servicios como empresas busquen la forma de ser competitivas, no tiene que ser necesariamente bajando sueldos, recortando derechos laborales, que se les permita contaminar el medio ambiente, aumentar el horario de turnos, reducir las inspecciones, no penalizar fiscalmente, etc. La solución es que no pierdan clientes.

No es que a la mayoría de empresas no les importe contaminar, explotar a sus trabajadores, evadir impuestos… bueno, quizás esto último sea más bien cuestión de conciencia personal, pero en general, saben que no tienen otra solución para ser competitivos y subsistir, porque una cosa es inevitable, si no lo hacen ellos lo hará la competencia y eso les puede llevar a la ruina. Prueba de ello es la gran cantidad de PIMES incapaces de competir en el mercado actual y que acaban cerrando, con suspensión de pagos o absorbidas por otras del sector. Hasta las cooperativas están siendo forzadas por la competencia a desaparecer o transformarse en una SL (sociedad limitada) para cambiar sus estatutos.

Pero hay que ser optimistas. La educación ciudadana hace posible un cambio en la actual proyección empresarial.

Si la sociedad es capaz de discriminar un servicio o producto en base a un etiquetado que le informe de su compromiso social, llegamos a un punto en que los empresarios son los más beneficiados en cumplir las buenas prácticas, ya que de lo contrario, pueden ver cómo sus clientes dejan de consumir sus productos a pesar de ser más baratos que los de la competencia.

Así, sin más, con una simple etiqueta, se puede cambiar el mercado y la economía mundial que parecía haberse convertido en la profetizada bestia apocalíptica, un monstruo imparable, con vida propia, capaz de arrasar con su descontrolada inercia el bienestar de los países, destrozar el medio ambiente, causar guerras y llevar a la miseria a millones de personas.

Ahora cambiar todo esto es posible, porque al hacer consciente a los ciudadanos, a todos, de que consumir servicios y productos de alto compromiso social significa mejorar nuestras propias vidas, dejará de importar incluso pagar más por ellos, ya que ese dinero de más repercutirá directamente en nuestros salarios, las condiciones laborales, financiar las infraestructuras sociales y apostar por la conservación y mejora del medio ambiente y la sostenibilidad del planeta, nuestro hogar, tanto de los empresarios como de los consumidores.

Puede que lleve un tiempo concienciar a la gente y ver como los efectos en los nuevos hábitos de consumo cambian las políticas de las empresas y todo ello repercute en una mejora social, pero es deber de todo aquel que sienta que su trabajo es conseguir el bien común, intentar llevar a la práctica lo que en este ensayo se pretende: Darle a cada individuo la oportunidad de discernir lo que es bueno o malo consumir.

 

Muchas gracias por la lectura.

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